Argentina: La GSMA hace recomendaciones públicas a los candidatos a la presidencia de la nación

El domingo 22 de octubre, en la Argentina se realizará un nuevo proceso electoral donde se dirimirá quién será el próximo presidente del país, y la GSMA (la asociación mundial que representa a las principales operadoras de telecomunicaciones) hizo públicas sus recomendaciones para los candiatos.

“El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, sostuvo en organismo en su misiva.

“La Argentina está en las puertas del 5G. En un momento de crisis económica, el próximo gobierno tendrá en sus manos el futuro de una tecnología que puede generar al país una contribución económica de 8.000 millones de dólares (1,1 por ciento del PBI) para 2030”, valoró Lucas Gallitto, director para América latina de la GSMA al momento de exponer las recomendaciones reunidas en el reporte titulado “El camino hacia una Argentina digital y conectada”. El ejecutivo apostó que “capitalizar ese potencial depende de las decisiones de políticas públicas y regulación de los próximos cuatro años”.

En el documento, la asociación subrayó “la importancia de garantizar la certidumbre jurídica y de apuntalar la sostenibilidad financiera de la industria que debe construir las redes 5G en un contexto de caída de ingresos sostenida y crisis macroeconómica”. Tambíen consideró “esencial” derogar el decreto 690 y definir “una política de Estado de largo plazo a partir del diálogo público-privado y el consenso”.

El planteo propuesto estableció cuatro lineamientos estratégicos, caracterizados porque la política de espectro se enfoque en maximizar la conectividad, garantizar la infraestructura digital, una política fiscal consistente con el acceso universal y el establecimiento de un marco normativo a prueba de futuro.

“Potenciar el 4G y hacer realidad el 5G implica reducir los costos de las licencias de espectro para adecuarlos a la coyuntura macroeconómica. Se precisa una hoja de ruta con visión de medio plazo y transparencia y previsibilidad en los procesos de licitación y renovación. Es clave revisar la decisión sobre el destino de los 1200 MHz en la banda de 6 GHz. Utilizar 700MHz de ese espectro para servicios móviles licenciados es vital para cubrir los requisitos de expansión del 5G”, agregó la GSMA en su misiva.

Y continuó: “El 5G requerirá entre cinco y 10 veces más antenas que 4G. El país necesita un plan federal que simplifique y agilice los permisos para instalación a nivel municipal, provincial y nacional. Evaluar la falta de resultados del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) y repensar sus proyectos y base de contribución es esencial para llevar la digitalización a zonas remotas y carenciadas. Por otra parte, se debe velar por un proceso de licencias automáticas para la importación de insumos tecnológicos esenciales para el desarrollo de 5G y la capilaridad de las redes de fibra óptica”.

En torno a la política fiscal, la GSMA subrayó que el 23% de la población argentina vive en zonas con cobertura donde hay Internet móvil, pero que no se conecta, entre otros motivos, porque no puede pagar un dispositivo o porque no puede afrontar el valor de las tarifas del servicio. Y, en ese sentido, propuso eliminar el impuesto interno a los teléfonos celulares pero también “las tasas específicas que recaen sobre el sector” como estrategia para eliminar esa barrera de asequibilidad.

“Un tratamiento fiscal diferenciado para la inversión en redes 5G puede propiciar un despliegue más rápido de la nueva tecnología”, agregó la misiva.

La propuesta de la GSMA también mencionó al DNU 690 y elevó una propuesta de diálogo: “En los últimos años, intervenciones repentinas como el Decreto 690/20 y la regulación de los acuerdos entre operadores y operadores móviles virtuales han debilitado la certidumbre jurídica en el sector. Para incentivar el desarrollo tecnológico, se necesita un diálogo público-privado abierto, previsibilidad y un plan de modernización regulatoria”, concluyó.