La Comisión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), respalda la estrategia del Gobierno de España de llevar la conexión ultrarrápida al 100% de los hogares.
España podrá continuar impulsando el despliegue de redes móviles 5G a lo largo y ancho del territorio dando un paso al frente hacia la digitalización plena.
Así, Bruselas contribuirá con el despliegue de equipos e infraestructuras de redes autónomas 5G de alto rendimiento en zonas rurales insuficientemente atendidas.
El régimen de ayudas se financiará en su totalidad a través del MRR, tras la evaluación positiva por parte de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) español y su adopción por el Consejo. En este sentido cabe recordar que el citado plan contempla importantes proyectos de inversión en el sector de las telecomunicaciones electrónicas, como el despliegue de redes móviles de alto rendimiento. El objetivo es garantizar una amplia disponibilidad de redes de alto rendimiento, que presten a los usuarios finales en zonas insuficientemente atendidas servicios de acceso a unas comunicaciones electrónicas fiables y de alta calidad que satisfagan sus necesidades actuales y futuras.
Las nuevas redes autónomas 5G apoyarán servicios innovadores en zonas rurales en ámbitos como la salud digital, la agricultura inteligente, la industria digitalizada, la conducción autónoma o los servicios basados en la nube. Tal y como han avanzado fuentes institucionales, se financiará la instalación de equipos e infraestructuras para el despliegue de redes autónomas 5G y la prestación de servicios autónomos de banda ancha móvil 5G, con velocidades de carga y descarga de al menos 100 Mbps y 5 Mbps respectivamente.
Según lo dispuesto por la Comisión, las ayudas pueden concederse hasta el 31 de diciembre de 2025 y las redes móviles 5G deberán entrar en funcionamiento como muy tarde en febrero de 2026. Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas a los operadores de comunicaciones electrónicas. Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. El importe máximo de la ayuda por beneficiario equivaldrá al 90% de los costes subvencionables.