La telefonía móvil de quinta generación o 5G avanza a grandes pasos mundo y en la región, pero en Ecuador el proceso está estacando y pendiente de un concurso público.
La quinta generación de telefonía móvil es 10 veces más rápida que la red 4G o incluso que las conexiones por fibra óptica. Es decir, permite navegar a 10 gigabytes por segundo, y a ese ritmo podrá, por ejemplo, descargar una película en cuestión de segundos. Pero no es solo la rapidez lo que encanta de la red 5G, sino su menor tiempo de latencia. Este parámetro representa el tiempo de respuesta de la red para conectarse.
Las empresas u operadoras detrás del 5G, presente en el mercado mundial desde 2018, aseguran que la latencia se reduce a cinco milisegundos. Es un tiempo imperceptible para los humanos, pero permitirá que el Internet de las Cosas sea una realidad. Según la organización 5G Americas, en 2022 hubo una explosión de redes de quinta generación, llegando a más de 1.000 millones en el mundo, o el 12,5% de la población. El número total de conexiones comerciales 5G u operadoras que proveen el servicio fue de 243, y a la vanguardia de la tecnología están Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Mientras que en la región, cinco países ya tiene la tecnología comercialmente desplegada. En ese grupo están Chile y Uruguay desde 2021. Y Ecuador se encuentra en el grupo de las naciones en etapa de ‘despliegue’, es decir, hubo las primeras pruebas de la conexión hace tres años, pero el lanzamiento de la red aún no se cristaliza.
En opinión del gerente de ventas de telecomunicaciones de Vertiv, César López: “Para la implementación de la red 5G en toda su capacidad, se requiere que las bandas del nuevo espectro sean licitadas por el Estado”.
Una de las razones para que la red 5G sea más rápida es el uso de frecuencias más cortas. Pero, según los principios de telecomunicaciones, cuanto menor es la frecuencia, mayor es el ancho de banda. Por ello, las operadoras presentes en el país requieren que el Estado les habilite nuevas bandas dentro del espectro radioeléctrico, a través de un concurso público o licitación. Y “esas licitaciones dependen de cada gobierno central. Luego de ello, las operadoras podrán efectuar las inversiones en nuevos equipos en la red, modificar o ampliar la infraestructura existente”, agrega López de Vertiv.
En Ecuador, las operadoras privadas Claro y Telefónica negocian desde 2021 la renovación de sus concesiones, las cuales se vencen este 2023. Y la concesión de los títulos habilitantes para que sigan operando le corresponde al concurso que dirige la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). De acuerdo con información de Arcotel, el proceso o licitación se cumple dentro del cronograma establecido y con base a dos resoluciones. Y aseguran que el concurso es acompañado por veedores nacionales e internacionales.
“Considerando las acciones proinversión adoptadas para el sector, si bien para abril de 2022 no ha avanzado en el despliegue, se estima que próximamente se iniciarán los procesos de asignación”, señala un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que observa el desarrollo del 5G en la región. Fue en 2019 cuando se realizaron las primeras pruebas de la tecnología a cargo de las operadoras privadas, y luego en 2021 la estatal CNT colocó tres estaciones experimentales para probar la red, durante el gobierno de Lenín Moreno.
Pero también hay costos para los gobiernos y las operadoras privadas. Un reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sostiene que los países latinoamericanos necesitarán de una inyección considerable de capital para impulsar la tecnología 5G. Las seis mayores economías de la región, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, deberían invertir USD 120.000 millones para que el 5G esté en todo el territorio y a una velocidad uniforme.
Brasil será el país que más debe invertir para implementar una nueva red, con un gasto superior a USD 48.000 millones hasta 2025.
Tomado de Primicias.ec
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