En varias ocasiones hemos referido el status de la aplicación de la tasa google, hoy traemos el parte actualizado.
El Gobierno ha rechazado una vez más las propuestas de PP, Ciudadanos y VOX relativa al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y sigue adelante con la Tasa Google.
Cada cierto tiempo vuelve a salir a la palestra la disputa sobre el impuesto a las compañías tecnológicas. Si a principios de año Sánchez pausaba su aplicación, esta semana el Congreso de los Diputados dió el visto bueno a seguir adelante con la popularmente conocida como ‘Tasa Google’ o ‘Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales’ tras la enmienda de totalidad presentadas por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos y que solicitaban la devolución del proyecto.
La noticia no ha sentado bien a la industria tecnológica.
Quien defiende que la normativa debe hacerse en el marco de la OPCDE. Adelantándose a la votación, AMETIC, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y Adigital se pronunciaron a principios de semana a través del ‘Manifiesto del sector de la economía digital contra el establecimiento de un impuesto sobre determinados servicios digitales’ manifestando su rechazo al desarrollo unilateral de un impuesto digital en España.
Las cuatro entidades advierten de los efectos negativos que esta medida tendrá para el conjunto de la economía española, que quedaría abocada a ser “menos productiva, menos innovadora, menos emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global”.
La industria tecnológica alega que esta medida ralentizaría el proceso de digitalización de las empresas españolas y, por tanto, lastraría la competitividad del país
El texto que presenta el Gobierno relativo a la Tasa Google, introduce nuevas normas fiscales para que los negocios digitales transfronterizos tributen en España, “de donde proceden los datos y las contribuciones de los usuarios que generan valor a la empresa”. Este impuesto estaría dirigido, según se explica en el Proyecto de Ley, a los servicios digitales “que no podrían existir sin la implicación de los usuarios”, tales como servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y servicios de transmisión de datos, para las entidades con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros anuales y con una cifra de ingresos por servicios digitales superior a los 3 millones de euros. Quedarían excluidos de este tributo los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista, cuando no actúe como intermediario. Este nuevo gravamen sería de naturaleza indirecta, compatible con el IVA y con un tipo impositivo del 3%.
Este impuesto estaría dirigido, según se explica en el Proyecto de Ley, a los servicios digitales “que no podrían existir sin la implicación de los usuarios”
Desde UGT si ven con buenos ojos el nuevo impuesto y consideran que servirá para complementar la estructura del sistema tributario gravando actividades que han cobrado relevancia en los últimos años, que obtienen elevados beneficios, y que en la actualidad apenas contribuyen al sostenimiento de los ingresos públicos por la utilización de complejas ingenierías fiscales para eludir el pago de impuestos allí donde operan.
Discrepancias a nivel internacional
De momento la tasa no entrará en vigor aún. Según María Jesús Montero, el impuesto tendr´un carácter transitorio hasta que se apruebe la normativa, ya sea a nivel mundial o europeo. En Europa mientras tanto, la mayoría de los países se mantienen a la espera de que sea la Comisión Europea quien dicte la normativa.
Al otro lado del Atlántico, EEUU, claramente en contra de la normativa, ha lanzado una investigación hacia aquellos países que son considerados aliados comerciales pero que han optado por implantar la Tasa Google como son Francia o España. “El creciente número de países que están promulgando unilateralmente impuestos a las ventas digitales están eliminando una de las piedras angulares del comercio global”, explica la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) en un comunicado.
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