El Gobierno de Ecuador entregó a la Asamblea Nacional de ese país el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
La iniciativa surgió luego de la presunta filtración de datos de millones de ciudadanos ecuatorianos desde un servidor alojado en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.
El proyecto de ley fue entregado por el Ministro de Telecomunicaciones de ese país suramericano al Presidente de la Asamblea Nacional, con el objetivo de que sea analizado para valorar su aplicación en Ecuador.
El paso número uno es la plataforma del marco regulatorio estructural, que es tener una protección de los datos personales para que los ciudadanos, en el marco de sus derechos y garantías, puedan escoger qué información es pública y cómo se utiliza”, expuso el funcionario.
Objetivo de esta ley
La Ley de Protección de Datos Personales propuesta pretende regular el uso de los datos personales con el consentimiento de los ciudadanos, y combatir el mercado negro de las bases de datos.
Los ciudadanos tendrán el derecho al acceso, la rectificación, y podrán solicitar la eliminación de una base de datos. La normativa establece sanciones para las empresas que hagan un mal uso de los datos.
“Con esta ley los ciudadanos podrán, por ejemplo, exigir a los call center (centros de atención) que retiren sus datos de la base que poseen para no seguir recibiendo llamadas” de ofertas de productos y servicios por parte de empresas, explicó Andrés Michelena, ministro de telecomunicaciones ecuatoriano.
Causas generadoras de esta Ley
La iniciativa es una medida para enfrentar la noticia difundida sobre la exposición de datos sensibles y confidenciales de ciudadanos del Ecuador en un servidor ubicado en Miami. La noticia fue difundida por la prensa local, sirviendo de caja de resonancia a un reporte publicado por la agencia de noticias británica BBC sobre el tema.
El reporte de la BBC se basó en información descubierta por un equipo de investigadores de la empresa israelí de seguridad informática vpnMentor.
La Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación del caso por presunta violación a la intimidad, y realizó algunos allanamientos para recabar información.
Según la Fiscalía, los datos presuntamente salieron de un servidor “que sería propiedad de la empresa Novaestrat, una consultora que provee servicios como análisis de datos y desarrollo de software”.