A finales de la semana pasada, Google acordó pagar un total de 155 millones de dólares en dos demandas sobre privacidad de ubicación: una presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y otra presentada por consumidores.
Si se les otorga la aprobación judicial, los acuerdos resolverán las acusaciones que surgieron en 2018, cuando Associated Press informó que Google almacena algunos datos de ubicación a pesar de los intentos de los usuarios de mantener la información confidencial. El informe dice específicamente que incluso cuando la configuración “Historial de ubicaciones” está desactivada, Google recopila algunos datos de ubicación a menos que las personas desactiven una configuración separada: “Actividad web y de aplicaciones”.
Después de que salió ese informe, Google revisó una página de “ayuda” agregando un texto que informa a las personas que desactivar el Historial de ubicaciones no afecta otros servicios de ubicación y que es posible que algunos datos aún se guarden.
El informe provocó múltiples demandas por parte de fiscales generales que alegaron que la configuración de Google era engañosa, así como una demanda colectiva de consumidores encabezada por el residente de California Napoleon Patacsil.
El acuerdo de demanda colectiva propuesto, presentado el viernes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. pide a Google que cree un fondo de 62 millones de dólares que se distribuirá a 17 escuelas y organizaciones. Los destinatarios propuestos incluyen el Centro Berkman Klein para Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard, Internet Archive, el Centro para la Democracia y la Tecnología y la Electronic Frontier Foundation.
El acuerdo con California requiere que Google pague 93 millones de dólares y cumpla con las condiciones relacionadas con la privacidad en el futuro. Entre otras cosas, la empresa tendrá que revelar información a los consumidores antes de aprovechar los datos del historial de ubicación para perfiles de orientación publicitaria.
Google acordó previamente pagar más de 500 millones de dólares a otros fiscales generales estatales que presentaron demandas sobre el seguimiento de la ubicación.
Un portavoz de la empresa dice que las afirmaciones en todos los casos se basaron en “políticas de productos obsoletas” que se cambiaron hace años.
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