Cuando faltaban pocos días para caducidad de la normativa que regula el sector, el gobierno de Perú publicó el pasado viernes una ley que amplía la vigencia de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones por 10 años más.
En el instrumento se establece un régimen especial y temporal en todo el país para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones como la telefonía e Internet, principalmente en zonas rurales, de frontera y de preferente interés social.
Se contempla impulsar medidas que promuevan la inversión privada en el despliegue de infraestructura necesaria para la prestación de esos servicios, así como medidas que faciliten las operaciones de las redes.
La Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones data de mayo de 2007, con una vigencia de cuatro años. Después de haber expirado, en 2012 el Poder Ejecutivo la restableció por cuatro años más. En 2015, el Poder Ejecutivo volvió a emitir una extensión del plazo de vigencia por 10 años contados a partir de su restitución en 2012.
Por tanto expiraba en mayo del año en curso. Pero, con la nueva ampliación emitida por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso peruano, seguirá vigente hasta mayo de 2032.
La ley inicial ha sufrido algunas modificaciones pero su esencia continúa siendo promover la implementación de infraestructura para masificar la conectividad, sobre todo en las áreas desconectadas.
Se definen importantes medidas como un régimen de permisos y autorizaciones a nivel regional, sectorial, municipal o administrativo, a fin de que se agilicen los trámites para la instalación de los elementos de las redes de telecomunicaciones.
Las autorizaciones tendrán una aprobación automática si no hay respuesta por parte de las instituciones competentes; señala las reglas para la correcta implementación de la infraestructura sin interferir con el espacio público y el patrimonio cultural, comunitario, turístico e histórico, y promueve la optimización de las condiciones de compartición de infraestructura entre operadores.
Las tasas o derechos que se exigen a las compañías de telecomunicaciones por la obtención de permisos y autorizaciones deben corresponder a los costos reales en los que incurren las autoridades administrativas para su otorgamiento, y no perseguir fines recaudatorios.
En la extensión de la vigencia de la ley, también se señala que los operadores y proveedores de infraestructura pasiva podrán regularizar sus elementos instalados (torres o antenas, por ejemplo) con anterioridad tras la nueva entrada en vigor.
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