La sesión plenaria de la Eurocámara correspondiente al mes de mayo ha traído consigo un acuerdo; Europa será la primera potencia mundial en contar con su propia ley de inteligencia artificial.
El Parlamento Europeo ha decidido aprobar el Informe sobre inteligencia artificial en la era digital que definirá las líneas maestras de la nueva hoja de ruta. El texto, aprobado con 495 votos a favor, 34 en contra y 102 abstenciones, insta al uso de la Inteligencia Artificial y el desarrollo de su industria bajo “estándares democráticos” con el fin de que “la tecnología complete al trabajo humano”.
El acuerdo llega tras más de 18 meses de trabajo, sin embargo, aún con el texto ratificado, existen matices como la regulación del reconocimiento facial. En este punto, la votación resultó ajustada dada la propia complejidad de la propia tecnología empleada. El objetivo común estaba claro, impulsar la industria IA; no obstante, los enormes riesgos y desafíos que esto conlleva sembró en el parlamento cisma y desavenencia. Conseguir un acuerdo equilibrado fue el principal obstáculo y finalmente logro obtenido.
Desde Europa son conscientes que aún les queda un largo camino que recorrer para llegar al nivel de Estados Unidos o China, pero comienzan a dar pasos en firme al sentar unas bases concretas para intentar lograr que los sistemas con IA que haya en Europa se desarrollen bajo determinadas reglas.
Hasta 20.000 millones de euros de inversión al año son las expectativas que la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, estima de inversión público-privada. En la actualidad la inversión ronda entre los 12 y los 14.000 millones de euros; no obstante, teniendo en cuenta únicamente el capital público, Europa invierte alrededor de 1.000 millones de euros, lejos de los 5.100 millones de EEUU o los 6.800 millones de euros en China.
La legislación acordada contará con mecanismos específicos de supervisión humana en los casos de riesgo. Es decir, en sectores especialmente sensibles como los de salud, educación o movilidad, donde los sesgos del algoritmo podrían llevar a discriminación, será un humano el que pueda intervenir en el sistema para paliar estos sesgos en tomas de decisiones que puedan afectar a la población de manera muy importante.
La legislación propuesta por la Comisión y en la que se basa el informe del Parlamento diferenciará las IA no en función de su sector o la tecnología utilizada, sino en función del grado en que puedan afectar a derechos fundamentales, como la no discriminación o la privacidad.
El primer nivel será el de riesgo inadmisible, aquellos que supongan una amenaza para la seguridad. Estos deberían quedar prohibidos según la propuesta. Aquí se incluyen desde sistemas que fomenten un comportamiento peligroso en menores hasta sistemas de “puntuación social” por parte de los gobiernos. Ha habido debate sobre si los sistemas de reconocimiento biométrico se incluirán aquí, pero la votación final es que no se incluya una prohibición generalizada. En este sentido cabe mencionar que, salvo en los casos más extremos, el Parlamento ha optado por una postura más pragmática evitando así enviar un mensaje negativo a la población.
El caso del reconocimiento facial ha sido el que más controversia ha suscitado, aunque finalmente no se han aprobado ninguna de las enmiendas relacionadas con este asunto. La Comisión estableció una categoría especial para ello, quedando prohibido su uso pero únicamente en zonas públicas y en directo. Sin embargo, se añadieron excepciones como en los casos de búsqueda de un niño desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o para “detectar, localizar, identificar o enjuiciar a un perpetrador o sospechoso de un delito grave”.
Se ha alertado del riesgo de que la IA sea utilizada con fines ilícitos, como la vigilancia masiva de ciudadanos o el acceso a información privada, por lo que ha instado a la Unión Europea a asumir el liderazgo no solo en el desarrollo de esta tecnología sino también sino para defender estándares democráticos. Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo han adoptado las recomendaciones de su comisión especial en las que abogan por aprovechar las ventajas que ofrece esta tecnología en retos como el cambio climático o pandemias.
Con todo y con ello, el pleno de la Eurocámara apela a un uso “responsable” de la inteligencia artificial y a buscar acuerdos a nivel internacional para afianzar con normas comunes para evitar caer en prácticas abusivas y resolver globalmente posibles dudas éticas y jurídicas sobre estas tecnologías. Además, apuntaron dudas sobre el uso de esta tecnología en investigación militar y el desarrollo tecnológico de sistemas de armas letales autónomas, así como que se abra la puerta a una gestión automatizada de información, por ejemplo para la vigilancia masiva. Por ello, los eurodiputados advierten del uso que regímenes autoritarios puedan hacer de esta tecnología para controlar a la población, clasificar a los ciudadanos o limitar derechos fundamentales como la libertad de movimiento.
Es una primera fase de estudio sobre los conceptos que deben ser relevantes, por lo que aún queda mucho camino por recorrer. Después de estudiar el informe durante un año y medio, el Parlamento ha aprobado que la inteligencia artificial merece una ley propia y esta debe adecuarse a determinados valores europeos. Pocos países, salvo Finlandia o España, tienen iniciativas gubernamentales alrededor de la IA, pero no entran en el marco legal.
El siguiente paso requiere que la Comisión Europea proponga una legislación concreta, la IA Act, lo que debería ocurrir hacia finales de septiembre de 2022. Una propuesta que volverá a manos del Parlamento y que para principios de 2023 debería quedar aprobada definitivamente. Tras un corto periodo, habitualmente de 6 meses, esta debería quedar implementada sin necesidad de pasar por transposiciones en cada país. Será entonces cuando la Unión Europea pueda presumir verdaderamente de tener la primera legislación sobre inteligencia artificial del mundo.
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