Ecuador: Evalúan otorgar prórroga a las concesiones de Claro y Movistar
Ecuador evalúa otorgar una prórroga temporal de la vigencia de los contratos de concesión de los servicios de telecomunicaciones móviles que brindan Claro y Movistar en ese país. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) está trabajando en esa dirección, mientras se conocieron los ejes sobre los cuales gira esa discusión: espectro, cobertura 4G, desarrollo de 5G, brecha digital, seguridad ciudadana y digital.
Así lo confiaron fuentes del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) que aseguraron que “Arcotel está trabajando en otorgar una prórroga temporal de la vigencia de los contratos” en paralelo a las previsiones legales tomadas para garantizar la continuidad obligatoria del servicio, aspecto que no parecen haber puesto en dudas las operadoras involucradas.
Esto se da en el marco de las renegociaciones que quedaron en suspenso el pasado 24 de mayo, en paralelo a la crisis política que sacude a este país, y desde el sector piden con urgencia que se retome para darle al sector la previsibilidad que requiere. El contrato de concesión de Claro Ecuador vence en agosto próximo mientras que en noviembre ocurrirá lo propio con Movistar Ecuador.
La Asetel y el CERTAL señalaron la necesidad de retomar cuanto antes este trámite. Patricia Falconi, presidenta de Asetel, subrayó que esta renegociación tiene que estar por encima de las coyunturas, mientras que Heber Martínez, quien oficia como veedor internacional por parte del CERTAL, consideró que este espacio era una buena oportunidad para establecer condiciones que permitan mejorar los índices de cobertura de servicios de telecomunicaciones en Ecuador. De hecho, la entidad había solicitado abrir la confidencialidad que regía sobre estas conversaciones con el objetivo de disipar cualquier tipo de sospecha o duda en torno a esta negociación.
La GSMA también se pronunció al respecto y sostuvo que “la interrupción de este proceso, por causas no imputables a las operadoras, tan cerca del fin de las concesiones (agosto y noviembre de este mismo año) y sin haber optado por los mecanismos jurídicos que permiten la continuidad de la negociación dentro de un plazo extendido, es causa de incertidumbre e inestabilidad para el sector”, tal como lo expresó a través de un comunicado.
La organización también apuntó que la previsibilidad es “para garantizar la continuidad de las inversiones intensivas que requiere el mercado ecuatoriano de las telecomunicaciones”. No es un tema menor puesto que las inversiones en telecomunicaciones son una de las más importantes que recibe este país en términos de Inversión Extranjera Directa (IED).
Uno de los puntos principales tiene que ver con la asignación de espectro. Ecuador es uno de los países de América latina que presenta los índices más bajos de adjudicación de frecuencias radioeléctricas, unos 280 MHz contra un promedio regional que se encuentra en los 508 MHz, según datos de Brecha Cero.
Sin embargo, cuenta con una disponibilidad de 1040 MHz para asignar, según aseguró el medio Primicias, de ese país. Entregar más espectro a las operadoras móviles permitiría expandir los servicios en 4G y, así, establecer las bases para avanzar hacia 5G, dos de los ejes incluidos en la discusión por la renegociación.
En este escenario es que desde el MinTel también subrayaron que “la renegociación no se trata sólo de la valoración del espectro -la cual constituye uno de los insumos- sino la valoración integral de la concesión que implica la prestación del servicio público, tan relevante como lo son las telecomunicaciones”.
Y destacaron, asimismo, que la negociación debe contemplar “otros elementos fundamentales tales como: calidad de los servicios; tecnologías a implementarse; inversiones a realizarse y sus plazos; los beneficios sociales que se otorgarán a la ciudadanía y en cobertura geográfica; inversiones en seguridad nacional; los montos que deben pagarse al Estado por el uso del espectro, y adicionalmente por el negocio en sí que representa la explotación del servicio”.
Sucede que la cobertura alcanza al 78% de la población, con una expectativa de llegar al 92% en 2025, de acuerdo a la política de telecomunicaciones establecida por esta cartera. Pero esa cobertura no es lineal. Tal como ocurre en el resto de América latina, hay áreas bien cubiertas y otras donde apenas si llegan los servicios mínimos o, directamente, no llegan. Por eso, la renegociación de los contratos resulta clave para ir resolviendo estos “baches de conectividad”.
Mejorar la cobertura 4G resulta clave. En la actualidad, unos 10,6 millones de líneas operan bajo la tecnología LTE, sobre un parque total estimadado en 17,8 millones de clientes móviles, según datos de la Arcotel.
Las operadoras móviles de Ecuador necesitan de más espectro para realizar nuevas inversiones y, así, ampliar sus servicios. De no prosperar la negociación, el país continuará siendo de los más retrasados tanto en cantidad de espectro distribuido para las operadoras como en previsión de acceso hacia 5G.
Ambos aspectos tendrán impacto en el tercer eje, el de la brecha digital, íntimamente vinculado. El gobierno actual se ha propuesto diversas metas hacia 2025, entre ellas, llevar la penetración de Internet móvil y fijo del 68 por ciento al 78%. También aumentar el porcentaje de parroquias rurales conectadas con servicio móvil del actual 69% al 79%, tal como lo expresó el medio ecuatoriano mencionado. Esto implicaría mejorar la conectividad rural. Vinculado con este punto, esa expansión permitiría a su vez encarar estrategias de alfabetización digital para que el grueso de la población pueda valerse de la adopción tecnológica.
Otro de los ejes tiene que ver con la seguridad ciudadana y digital que abarca variados aspectos: por un lado, se busca la instalación de inhibidores de señal celular en las cárceles del país, mientras que por otro, se pretenden incrementar los controles de las transacciones financiera en línea y el comercio electrónico, dos actividades que se expanden a medida que se masifica la adopción tecnológica.
De ahí que cobre especial atención la urgencia por retomar estas negociaciones. Tal como lo expresó la GSMA, “el diálogo público-privado sostenido es imprescindible para mitigar la falta de certezas e impedir efectos negativos para los usuarios y el propio desarrollo económico del país en plena era digital”.
