Facebook, Google, Microsoft y el pago a empresas editoras de noticias

El periodismo será beneficiado en Australia y Europa, en un nuevo escenario en el que plataformas como Facebook, Google y Microsoft pagarán a las empresas editoras de noticias por el contenido que divulguen.

Asi, la Cámara de Representantes de Australia implantó el Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales por parte del Gobierno que en Australia dirige Scott Morrisson. 

Facebook contraatacó la semana pasada con el bloqueo de noticias a los aproximadamente 18 millones de usuarios que tiene en ese país, medida que anunció que retiraría tras introducir el Ejecutivo unas enmiendas en el proyecto de ley. La normativa convierte a Australia en la primera nación en la que un árbitro gubernamental puede fijar el precio que los gigantes tecnológicos pagan a los medios si fracasan las negociaciones privadas.

En Europa, Microsoft se unió a los editores europeos para exigir que las grandes plataformas paguen por usar sus contenidos. En un comunicado conjunto, Microsoft y las cuatro entidades abogan por instaurar un mecanismo de arbitraje, como en Australia, en la futura legislación europea sobre servicios digitales. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, recordó que las plataformas deben adaptarse a los reguladores, “y no al revés”.

Las cuatro organizaciones de editores (EMMA, ENPA, EPC y NME) creen que la Unión Europea debe optar por una solución similar, en línea con el espíritu de la directiva de derechos de autor, que entrará en vigor en junio y recoge el derecho de los dueños de los contenidos a recibir una remuneración justa por el uso de sus obras en internet. 

La UE tiene una oportunidad ahora para abordar esa cuestión, puesto que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo deben discutir las propuestas de ley de Mercado Digital y Servicios Digitales (DMA y DSA, por sus siglas en inglés), que tratan de poner coto al poder de esos grandes guardianes de la Red.

En Australia, tanto Google como Facebook se han comprometido a invertir 1.000 millones de dólares cada una (unos 650 millones de euros) entre los editores australianos para, de esta forma, sortear el Código. De cualquier forma, esta regulación probablemente será la primera de muchas otras que llegarán, impulsadas por los gobiernos de otros países. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido ya han mostrado interés por la ley australiana.

“La normativa garantizará que las empresas de medios de comunicación reciban una remuneración justa por el contenido que generan, ayudando a mantener el periodismo de interés público”, dijeron el ministro de Finanzas australiano, Josh Frydenberg, y el de Comunicaciones, Paul Fletcher, en una declaración conjunta.

Las dos multinacionales estadounidenses, por su parte, siempre argumentaron que el motor de esa medida de control partía de un planteamiento erróneo sobre cómo funciona internet. A su entender, son los medios de comunicación los primeros interesados en proyectar su contenido allí, dado que gracias a su poder de difusión pueden llegar a más gente.

Rod Sims, el regulador de la competencia encargado de redactar el proyecto de ley en Australia, reconoció sentirse orgulloso de que la legislación aprobada corrija el desequilibrio existente entre el trabajo de los editores de noticias y la escasa remuneración que hasta ahora recibían por ello de los grandes portales de Internet. “Las señales son buenas. El propósito del Código es el de corregir la gran influencia en el mercado que tienen Google y Facebook”, convino el presidente de la Comisión Australiana de Competencia. “No veo ninguna razón por la que alguien deba dudar de que todo el periodismo se beneficiará de este nuevo escenario”, añadió Sims, sobre una hipotética discriminación de los medios regionales frente a los más potentes.

La ley fue creada a raíz de la crisis de los medios por la caída en los ingresos publicitarios en las dos últimas décadas, que ha causado despidos masivos en las redacciones, recortes a los gastos en sus investigaciones y un paso de la versión impresa a la digital para reducir costes.